Cuando las responsabilidades familiares recaen predominantemente sobre nosotras , se sobre explotan nuestras capacidades a través del trabajo de cuidados no remunerado, aduciendo nuestra sensibilidad y nuestra capacidad supuestamente “natural”, que no es natural sino impuesta por el orden social a través de la educación sistemática para los históricos roles de género : el servicio a los otros y la postergación personal, que todavía campea en parte del sistema educativo.
Cuando los derechos no pasan de ser letra escrita, se escribe igualdad, pero en los hechos las mujeres globalmente seguimos con salarios casi 30 % por debajo del de los hombres, a igual trabajo. Y las oportunidades de las mujeres de ascender en los espacios de trabajo chocan con un tope invisible, nunca dicho, pero que nos limita a los escalones bajos del aparato productivo.
En 2008 se aprobó la Ley Nº 18.426 tendiente a garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos de toda la población. 10 años después, integrantes de la profesión médica se escudan en el derecho a la objeción de conciencia para anular el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Se sigue limitando los derechos humanos de la mitad de la población dando prioridad a la satisfacción íntima de un conjunto de profesionales. Sres. objetores de conciencia, si no son capaces de cumplir con la ley vigente y con los compromisos institucionales, renuncien a sus cargos y busquen trabajo en otro lado. No sigan cobrando el sueldo por un trabajo que no hacen. Las mujeres exigimos que los servicios de salud sustituyan a los objetores de conciencia, que no tienen condiciones para cumplir con los requisitos de la ley 18426, plenamente vigente, y en su lugar contraten personal que sí sea capaz de trabajar en concordancia con la ley nacional.
La injusticia se reitera cuando en el Poder Judicial subsisten las miradas sexistas que “no ven” el abuso sexual de que niños y niñas son objeto por parte de adultos de su entorno, y son sometidos a reiteradas declaraciones y pruebas psicológicas hasta llegar a la conclusión de que “no hay pruebas de la responsabilidad del denunciado”. Subsiste el pensamiento adultocéntrico de muchos jueces, juezas y asesores que no visualizan que hay adultos que abusan sexualmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad delante de nuestros ojos. Actualmente se denuncian 7 casos diarios, apenas la punta del iceberg de una realidad odiosa. A lo que se agregan las cifras ocultas de prostitución y explotación sexual infantil y adolescente, con el redituable turismo sexual.
El patriarcado tiene miles de años de existencia ejerciendo violencia económica, cultural y sexual, consolidando la subordinación de mujeres, niñas y niños a la autoridad del varón, la distribución desigual del poder y los derechos. Desde el patriarcado la colectividad masculina se reservó históricamente el derecho a la participación en el espacio público, político o religioso, votar y ser votados, controlar y heredar los recursos económicos, limitar todas forma de libertad de las mujeres, a ejercer impunemente violencia de género, a la doble moral , a la propiedad de los hijos a través del apellido paterno, a la división sexual del trabajo y su valoración diferencial.
Pero las mujeres somos herederas de una larga lucha contra el patriarcado y por la reivindicación de nuestros derechos, y ahora exigimos cambios, objetivos y subjetivos, en materia de legislación y de verdadera vigencia de los derechos sancionados, cambios culturales de fondo para la igualdad de derechos en la familia, el trabajo, el espacio público, la pareja, las disposiciones y las prácticas del Estado, y en todos los aspectos la sociedad.
Exigimos justicia y reparación de la histórica violencia patriarcal, exigimos que nuestro derecho a la igualdad no sea solo declaraciones pre electorales y leyes recortadas a último momento, exigimos que se hagan hechos. Exigimos igualdad de derechos y oportunidades. Ya es hora. El Estado está en deuda con las mujeres.
En este año preelectoral los aspirantes a gobernar son responsables de sus dichos y de sus acciones. Exigimos que se comprometan con la justicia de nuestras demandas y que tanto quien acceda como quienes no accedan a la anhelada presidencia, recuerden que el poder no se ejerce solo desde el sillón presidencial. Seguirán siendo responsables de que todo el aparato del Estado funcione en cumplimiento de las promesas preelectorales, e integre la justicia de género como estrella guía del Estado.
Nuestras demandas:
Igualdad de derechos y oportunidades en todas las prácticas sociales
Plena vigencia de nuestros derechos humanos, en especial los sexuales y reproductivos.
Reconocimiento de las desigualdades de género y adecuación del sistema judicial.