Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (CLADEM) y la Intersocial Feminista, manifestamos nuestra preocupación por la situación de las niñas que como consecuencia de violencia sexual y violación resultan embarazadas y a quienes se les debe asegurar la interrupción del embarazo en forma inmediata y segura.

Las niñas no deben ser forzadas a ser madres. Hacerlo puede significar tortura, compromete severamente su vida, su salud emocional y física así como su proyecto de vida.

En las últimas horas, en Lascano, se conoció el caso de una niña de 12 años de edad a quien recién se le detectó un embarazo producto de la violación y abuso sexual continuos que sufrió de un varón integrante de su hogar.

Según ha trascendido, su madre la llevó al hospital varias veces al advertir la falta de período menstrual. Sin embargo y según la información a la que se puede acceder, se le quitó trascendencia al hecho sin realizar el abordaje adecuado para detectar la situación de vulneración. Al sector salud le compete según los protocolos vigentes, un rol activo en la prevención y detección de situaciones de abuso sexual infantil.

El Estado, a través de todos sus organismos tiene el deber de actuar con la debida diligencia, es decir, desde una perspectiva de derechos humanos, respetando los derechos de la niña y de acuerdo a protocolos existentes que buscan su prevención y protección. Sabemos que existe un patrón de abuso sexual y embarazos infantiles forzados en la región y hemos advertido que el encierro producto de la crisis sanitaria las expone aún más a esa violencia.

El embarazo no intencional de esta niña es un aspecto de la historia de violencia y vulneración que vivió y vive. Tenemos directrices para la detección de casos de abuso sexual infantil que involucran al sistema de salud, seguridad pública, al sistema educativo y organismos de protección de la infancia, para citar algunos involucrados.

Nos preocupa que a pesar de las múltiples consultas se falló en la detección de indicadores de abuso en la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, según el protocolo para la prevención y detección de abuso sexual.

El Estado a través del sistema de salud falló en la protección de los derechos de esta niña.

La persecución criminal de la violación es sólo un aspecto de esta situación. Lo más importante es la niña, considerar su opinión y sus decisiones en el marco de su autonomía.

Los servicios de salud no necesitan autorizaciones judiciales, formalización del autor o intervención judicial de ningún tipo, para proceder a actuar. Es su responsabilidad el cuidado de la vida cuando la misma está en riesgo, por lo tanto, la discusión no es de plazos.

FIRMAN:
Asoc. Civil El Paso
Aire.UY
Cotidiano Mujer
Colectiva Mujeres
Colectivo La Pitanga
Centro Interdisciplinario Caminos
DIMAFRU
Grupo por la humanización del parto
Instituto Mujer y Sociedad
Iniciativas Sanitarias
El Abrojo
Las Puñadito
Mujer y Salud Uruguay (Mysu)
Mujer Ahora
Mujeres en el Horno
Mujeres de Negro
Plemuu
Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS)
SUMEFAC
PIT CNT
UAFRO
SUA