Reconociendo la gravedad y la extensión de la violencia de género en las relaciones privadas, como un grave problema social, en esta etapa se impone aplicar en todo su potencial las disposiciones ya vigentes para los organismos estatales, la coordinación de los servicios respectivos y prácticas interinstitucionales efectivas, que aseguren los resultados necesarios en todos los casos, incluso con intervenciones preventivas.

No se trata solo de carencias presupuestales. Ni de más y más disposiciones, y más y más tobilleras. Se trata de responsabilidad y eficiencia, de coordinación y complementación interinstitucional, de pleno cumplimiento de las responsabilidades institucionales en tiempo y forma.

El “sistema de respuesta” no puede ser una sumatoria de servicios dispersos en decenas de servicios estatales, todos con más requerimientos de los que pueden atender : Mujeres atendidas 3 y 4 semanas después de su demanda de ayuda, alojamientos precarios para víctimas desprotegidas que no pueden saber qué va a pasar después, servicios de salud que solo hacen lo que explícitamente les corresponde, instituciones educativas que no se comprometen con la violencia que afecta a los educandos y su familia .

Es necesario terminar con el sistema de “chacras institucionales”, realizar una adecuada prevención y protección a las mujeres y NNA. Los servicios deben estar operativos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Se requieren fiscalías que conozcan a las denunciantes y comprendan las implicancias de lo denunciado, defensorías que ejerzan la defensa de los derechos vulnerados, y jueces y juezas que fallen acorde a derecho y aseguren el cumplimiento de medidas protectoras y eventualmente sancionadoras. Basta ya de decisiones judiciales “optativas”: romper las tobilleras electrónicas no tiene sanción, violar la prohibición de acercamiento y comunicación resulta impune, al igual que no concurrir a los grupos de cuestionamiento de la masculinidad violenta.

La ley se debe reglamentar, la mayoría de sus artículos no están reglamentados. El sistema educativo no capacita y no educa sobre el tema, como lo obliga la ley.

Desde 2014 esta Red plantea que se declare la Emergencia Nacional. El reconocimiento llega tarde, ya no alcanza, el problema requiere cambios profundos para el pleno compromiso del Estado en los hechos. Las declaraciones ya no son suficientes.